Estados Unidos propondrá que algunos solicitantes de visas de turismo y de negocios paguen una fianza de hasta 15.000 dólares como parte de un esfuerzo para controlar a los visitantes que exceden su estadía permitida por sus visas, dijo el gobierno el lunes.
El Departamento de Estado dijo que el programa piloto, que durará un año, comenzará el 20 de agosto y estará dirigido a personas de países con altas tasas de estadías vencidas tras el vencimiento de las visas.
La medida marca una nueva expansión de las políticas antiinmigratorias de la administración Trump, que fueron una piedra angular de la plataforma de campaña del presidente.
El aviso del gobierno decía que entre aquellos que podrían estar sujetos al programa se encontraban: “los nacionales de países identificados por el departamento como aquellos con altas tasas de permanencia en el país después del vencimiento del visado, donde la información de selección y verificación se considera deficiente, o que ofrecen ciudadanía por inversión, si el extranjero obtuvo la ciudadanía sin requisito de residencia”.
Los funcionarios consulares tendrán tres opciones para los montos de la fianza: $5,000, $10,000 y $15,000, pero se espera que establezcan el monto de la fianza en $10,000.
En junio, Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países , en una acción que evocó la “prohibición musulmana” que implementó en su primer mandato.
La lista de países que estarán incluidos en el programa de visas se publicará en el sitio web del Departamento de Estado y podrá modificarse mientras se desarrolla el programa piloto.
La primera administración de Trump estableció un programa piloto de bonos de visa de seis meses en 2020, pero no se implementó debido a la reducción global en los viajes durante la pandemia de Covid-19, según el Departamento de Estado.
El nuevo programa fue una respuesta a una orden ejecutiva que Trump firmó el día que asumió nuevamente el cargo en enero, titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, dijo el departamento.
La orden ordena al secretario del Tesoro, junto con los secretarios de estado y de seguridad nacional, “establecer un sistema para facilitar la administración de todos los bonos” conforme a las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El Departamento de Estado describió el programa como una “herramienta diplomática” y agregó que su “pretensión era alentar a los gobiernos extranjeros a tomar medidas inmediatas para reducir las tasas de permanencia excesiva de sus ciudadanos cuando viajan a Estados Unidos para visitas temporales”.
