Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, ha dado un paso inesperado en materia de salud pública: a partir de 2027, los fabricantes de alimentos deberán incluir una advertencia visible en productos que contengan alguno de 44 aditivos, entre ellos el dióxido de titanio, un colorante sintético presente en más de 11,000 productos, incluidos los famosos M&Ms.
El texto del etiquetado no deja espacio a dudas:
“ADVERTENCIA: Este producto contiene un ingrediente que no está recomendado para el consumo humano por la autoridad correspondiente en Australia, Canadá, la Unión Europea o el Reino Unido.”
La comparación inmediata es con las advertencias de los paquetes de cigarro. La expectativa es que muchas empresas prefieran eliminar estos aditivos antes que cargar con la etiqueta de riesgo.
Una ley con fuerte apoyo bipartidista
La “Senate Bill 25”, aprobada con un amplio consenso en la legislatura estatal y firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, forma parte de un paquete de tres leyes centradas en la salud pública. Lo curioso es que Abbott, conocido por su línea dura en temas como armas y aborto, aparece aquí respaldando una iniciativa que normalmente se asociaría con agendas progresistas.
El impulsor de estas medidas fue Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, quien enmarcó la ley dentro de su campaña “Make America Healthy Again” (Maha). Según Kennedy, el impacto ya se siente: “El 40% de los fabricantes de alimentos en este país han aceptado retirar los nueve colorantes derivados del petróleo. ¿Por qué lo hicieron? Porque tienen miedo de lo que está pasando hoy en Texas”.
Impacto social: beneficio para los más vulnerables
Investigaciones han mostrado que los estadounidenses de bajos ingresos consumen más alimentos procesados que los de mayores ingresos. Asimismo, un estudio de 2021 en el Journal of Nutrition encontró que los afroamericanos no hispanos tenían la ingesta más alta de calorías, azúcar y sodio provenientes de la “comida chatarra”.
En este sentido, las nuevas regulaciones podrían beneficiar más a minorías y a los sectores más pobres, lo que resulta paradójico en un estado considerado bastión republicano.
Más control sobre los programas sociales
Otra ley, la Senate Bill 379, que entrará en vigor en abril de 2026, prohíbe a los beneficiarios del programa SNAP (cupones de alimentos) usar sus recursos para comprar comida chatarra. Esta medida ha sido criticada como excesivamente paternalista, especialmente viniendo de líderes que suelen oponerse a la intervención estatal.
Una deferencia sorprendente: ¿globalismo en Texas?
Lo más llamativo del nuevo marco legal es que Texas se somete al criterio de autoridades extranjeras: la UE, Reino Unido, Canadá o Australia. Para un gobierno que predica el regreso de las decisiones a suelo estadounidense y rechaza la burocracia, resulta una ironía.
Este “abrazo selectivo” a estándares internacionales también aparece en otras áreas: un borrador de la administración Trump sobre salud infantil critica la regulación estadounidense de bloqueadores solares, al señalar que Europa ya ha aprobado más de 30 filtros UV frente a los 16 de la FDA.
Como apunta el analista Patrick Toomey:
“Parece una adopción bastante selectiva de la agenda regulatoria globalista. Tengo curiosidad por ver qué pasará cuando descubran lo que esas autoridades dicen sobre las vacunas”.
Mahahaha.
Fuente: https://www.ft.com/content/c9ffc5ce-b45a-4cec-a974-f0841189af91
